El Departamento de Seguridad Nacional alega que la universidad ha creado un entorno inseguro en el campus al permitir que «agitadores antiestadounidenses y proterroristas» ataquen a estudiantes judíos en el campus.
La disputa se origina a partir de una solicitud de la secretaría de Seguridad Nacional, que exigía que entregara información sobre estudiantes extranjeros que pudiera implicarlos en violencia o protestas que de otro modo podrían llevar a su deportación.
